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MEDIDAS EN DERECHO DE FAMILIA DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020 DE 29 DE ABRIL.

De particular interés es la regulación “ex novo” de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de los menores, provocando en ocasiones desequilibrios en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible que pueda desembocar en demandas y solicitudes ante los juzgados con competencias en materia de derecho de familia.

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MEDIDAS CONCURSALES DEL REAL DECRETO LEY 16/2020 DE 29 DE ABRIL DE 2020

En el capítulo II de este RDL se incluyen medidas en el ámbito concursal. La crisis sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable.

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REAL DECRETO LEY 16/2020 DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras medidas, limitaciones a la libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello supone para ciudadanos, trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la Administración de Justicia, se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución.

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EL CGPJ PROPONE MEDIDAS PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A LOS COLECTIVOS VULNERABLES TRAS EL ESTADO DE ALARMA

Personas mayores, menores de edad, víctimas de violencia de género o de trata y personas con discapacidad, privadas de libertad, afectadas por desahucios o en situación de insolvencia. Es uno de los documentos previstos en las “Directrices para para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma” aprobadas el pasado 2 de abril por la Comisión Permanente.

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